Los días más violentos

Vivimos los días más violentos del sexenio. Los medios de comunicación llegaron a contar, en un solo día, hasta 68 ejecutados en distintos estados de la República. Un triste récord. La sangrienta jornada elevó a casi 4,800 el número de muertes vinculadas con el crimen organizado en lo que va del año.

Y la cuenta sube cotidianamente…
Esta realidad que vivimos obligó al primer mandatario a pronunciar, el martes pasado, un mensaje en cadena nacional, en el que cambió por completo el discurso, repartió culpas a diestra y siniestra. y llamó a la ciudadanía participar en el combate al crimen organizado, a través de la denuncia y la aportación de datos, pero sin dar garantías, al que lo haga, de que no ñe va a costar su vida o la de sus seres queridos. ¿Así cómo?
Felipe dijo si hay armas en México es por culpa de que se levantó la prohibición en Estados Unidos, y no por la corrupción en las aduanas, por donde esta transitan. Reconoció implícitamente que algunos estados y municipios están bajo control del crimen organizado, vía la intimidación o la corrupción que ejercen los carteles de la droga.
Ese día nos enteramos que dejamos de estar en “guerra” contra el narco. Ahora es una lucha no solo del Presidente de la República. “Es de todos”, destacó.
Sobran ejemplos para ilustrar la afirmación de que vivimos los días más violentos del sexenio. Una docena de policías federales fueron acribillados impunemente en Zitacuaro, Michoacán, por la llamada Familia, en respuesta a la captura de uno de sus jefes.
En Chihuahua fueron masacradas 27 personas en un centro de rehabilitación por las rivalidades entre chapos y zetas-beltranes. En un penal de Mazatlán masacraron a decenas de personas por las mismas razones. En Ciudad Juárez mataron a un alcalde; otra docena perecieron en enfrentamientos en Tamaulipas entre el Ejército y los narcos.
Hemos llegado a lo insólito. Hay narcobloqueos en Monterrey. Importantes vialidades bloqueadas en la industriosa ciudad, sin que las policías se atrevan siquiera a acercarse. O en Nayarit, donde tuvieron que adelantar el fin del ciclo escolar debido a la sicosis provocada entre padres de familia por los rumores de que habría una vendetta en colegios de Tepic, a causa de los enfrentamientos entre grupos criminales.
El Presidente tocó, en su mensaje, un punto neurálgico. El crimen organizado cobra de cuotas de protección o derecho de piso a ciudadanos honestos. Ningún gobierno lo puede permitir. Ese, reveló el presidente, fue el principal motivo por el que resolvió entrarle de frente a la lucha contra los carteles de la droga.
La violencia incontrolable comienza a despertar tentaciones de pactar con los criminales a cambio del retorno a la tranquilidad. Seria un tremendo error. El poder de las bandas se multiplicaría y acabaríamos, como advirtió alguna vez el visionario Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, con un narcopresidente.

Greg y la política ficción

A Greg Sánchez lo conocí brevemente en el café de un conocido hotel de Polanco hace casi dos años. Compartíamos mesa con la conocida periodista de televisión, Lilly Téllez. No me quedó mucho de aquella charla, salvo el hecho que se identificaba más como empresario que como político y que no se reconocía en la ideología del PRD, partido por el cual llegó a la presidencia municipal de Cancún.

Lejos estaba de imaginar que aquel hombre de rasgos tropicales, charla aburrida y apodo abreviado en inglés, seria protagonista del escándalo político-electoral del 2010.

Postulado como candidato de la Coalición PRD-PT- Convergencia al gobierno de Quintana Roo, le dictaron auto de formal prisión por lavado de dinero, crimen organizado y fomento al narcotráfico.

El tema es de preocupar. De comprobarse las acusaciones, estaríamos ante un caso, no menor, de narcopolítica. El primer candidato a gobernador encarcelado por sus vínculos con el crimen organizado, en pleno proceso electoral.

Pero si no se le comprueban los cargos, entonces hay de que alarmarnos. Estaríamos frente a un nuevo caso de incompetencia, mala fe, o artimañas de la PGR, que ya ha tenido que dar marcha atrás en otros casos similares, abiertos extrañamente en época electoral y que acabaron con la exoneración de la mayoría de los acusados.

Quien no recuerda Michoacanazo, que llevó a la cárcel a casi 30 alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán; hoy libres en su mayoría; el de los hermanos Monreal en Zacatecas; o el del priista Arturo Zamora Jiménez, acusado de fraude y vínculos con el narco cuando era candidato al gobierno de Jalisco y despedido con un “usted disculpe” ya pasadas las elecciones.

El caso ha enrarecido la atmosfera política. Jesús Ortega, jefe nacional del PRD, defiende a ciegas a Greg y repite, en cada declaración, que el caso tiene tintes políticos. Jura que no sabia de que acusaban a su candidato, a pesar de que Marcelo Ebrard nunca quiso pararse a apoyarlo y que el PAN no quiso la alianza en ese estado.

Ya en el colmo de la política ficción, Jesús se hizo acompañar del panista Cesar Nava a la presentación de una denuncia contra el Partido Verde , que lo acusó de complicidad en las actividades ilícitas de Greg. Al mismo tiempo, el perredista responsabiliza a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación y miembro destacado del gabinete del presidente Calderón, de ser el cerebro del complot contra Sánchez.

El auto de formal prisión, dictado por el mismo juez nayarita del michoacanazo, dejó a la coalición sin abanderado al gobierno de ese hermoso estado, y pavimentó el camino para que el PRI se quede seis años más en el Palacio de Gobierno. Salvo imponderable, el próximo gobernador de Quintana Roo se llama Roberto Borge.