Puntilla a gobernadores arcaicos

Hay motivos para celebrar las elecciones del pasado cuatro de julio. Millones de mexicanos fueron a las urnas en 14 entidades de la República, y la jornada transcurrió en relativa calma. Algunos incidentes menores, pero nada que ver con las señales ominosas registradas en Tamaulipas seis días antes.
La tranquilidad se mantiene, a pesar de que la mitad de las doce gubernaturas en disputa cambiaron de color. Nos estamos acostumbrando a la alternancia. Es un avance, aunque todavía prevalecen rémoras del viejo régimen: dedazos, compra de votos, guerra sucia, amedrentamiento oficial, auto proclamación de ganadores la noche de la elección.
Los ciudadanos, afortunadamente, dieron la puntilla a los gobernadores que pretendían mantenerse como los “grandes electores” en sus entidades. El deseo de cambio se impuso al “factor Ulises” en Oaxaca; al “gober precioso” en Puebla; a Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa; a Amalia García en Zacatecas.
En estos cuatro estados –los tres primeros gobernados por el PRI; el cuarto por el PRD– los mandatarios se aferraron a sus “delfines”, a pesar de que otros aspirantes los superaban en intención de voto. Vinieron los pleitos, los desprendimientos, los cambios de partido, la derrota.
En Oaxaca ganó el obradorista Gabino Cue; en Puebla, el gordillista Rafael Moreno Valle; en Sinaloa, el beltronista Mario López Váldez. Todos cobijados por el manto aliancista que tejieron partidos tan disímbolos como el PAN y el PRD.
El caso de las entidades perdidas por el PAN es distinto. El “dedazo” no lo dieron los gobernadores, sino la dirigencia nacional del partido, que encabeza César Nava.
En Aguascalientes, el gobernador Luis Armando Reynoso se la jugó al revés. Apoyo al candidato del PRI, Carlos Lozano, y ya lo quieren expulsar del partido. El gobernador tlaxcalteca, Héctor Ortiz, se disciplinó a los lineamientos del centro, pero nada pudo hacer para evitar la derrota frente al priista Mariano González Zarur
Hay broncas en Durango y Veracruz. La votación favorece a los
candidatos del PRI, Jorge Herrera Caldera y Javier Duarte, respectivamente, pero por un margen impugnable. Son los únicos candidatos que, hasta la medianoche del martes, no habían sido felicitados por el presidente Calderon.
El PRI se quedó con las ganas del “carro completo” que tanto cantó, alentado por el mal tino de las encuestas. Las alianzas entre los opuestos funcionaron, y ya de perfilan para el 2011.
En la mira de panistas y perredistas está ahora el Estado de México.
Lo gobierna el priista Enrique Peña Nieto, cabeza en todas las encuestas sobre preferencias electorales, de cara a la elección presidencial del 2012. Quieren bajarle el copete, a como de lugar.

El voto del crimen

Rodolfo Torre Cantú iba a ser el próximo gobernador de Tamaulipas. Al momento de su ejecución, llevaba más de 20 puntos de ventaja en las preferencias electorales frente a su rival más próximo, el panista José Julián Sacramento. Pero sus verdugos dispusieron otra cosa.

No tenemos aún la certeza de que el candidato priista haya sido asesinado por el crimen organizado, pero el modo de operar del comando que lo mató parece apuntalar esta hipótesis. Tamaulipas es uno de los cinco estados que lo servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen en semáforo rojo. Es, además, terreno de violentas disputas entre el Cártel del Golfo y los Zetas.

De confirmarse esta hipótesis, estaríamos frente a un hecho sin precedentes. La irrupción violenta del crimen organizado en unas elecciones de gobernador. Un parteaguas, un antes y un después. El estado no puede darse el lujo de ignorarlo, como ha sido el caso de otros candidatos menores.

Apenas en mayo pasado, mataron al abanderado del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, José Mario Guajardo. No hay rastro de sus asesinos. Nadie sabe, nadie supo. El hombre pasó a formar parte de las estadísticas. El 95 por ciento de los asesinatos cometidos por los narcos no se resuelven. Peor: ni siquiera se investigan.

Pero dejar este crimen en la impunidad sería tanto como empollar el huevo de la serpiente, alentar nuevos episodios de esta envergadura, que no solo lesionan la democracia –imagínese cuantos candidatos desaparecerían por no ser del gusto del crimen organizado– sino que dañan severamente la imagen de nuestro país en el exterior. Sobra decir el temor que infunden en una población que, con razón, se siente indefensa frente al poderío de los narcos.

El asesinato sacudió al país. Ni un solo diario dejo de consignarlo en sus ocho columnas: “Votarán pese a crimen” (Reforma); “Ejecutan a candidato; PRI: no nos intimidan (El Universal); “Ejecución cimbró al país” (Excelsior); “Asesinan a Torre en Tamaulipas; habrá elecciones (La Jornada): “La Ejecución del Candidato no aplaza la elección” (Milenio); “Crimen decide en Tamaulipas quien no debe gobernar” (La Razón)

A Torre Cantú le metieron 18 tiros, seis días antes de las elecciones en Tamaulipas y en otros 13 estados de la República. Su ejecución envenenó un proceso que, ya de por si, se había enturbiado con la guerra sucia que se libran los partidos, en su disputa por los cargos de elección popular.

Los reproches y reclamos del PRI al gobierno federal se han multiplicado. La indignación en el tricolor es grande. Los llamados del presidente Calderón a cerrar filas en defensa de las instituciones democráticas se repiten. Palabras y más palabras.

Pero mas que discursos y mensajes, los mexicanos necesitamos que la estrategia de seguridad sea eficaz, las familias quieren recuperar la tranquilidad, como atinadamente apuntó Beatriz Paredes, al posesionar a su partido. ¿O alguien lo duda?