Ciudad Juárez es emblema de inseguridad y violencia. Es también reflejo del fracaso de una estrategia basada en el combate frontal y callejero al crimen organizado, pero que no ha tocado los ríos de dinero que manejan los cárteles de la droga. Esta impresionante riqueza permite a los narcos comprar armas, complicidad, impunidad.
A Juárez llegaron hace meses batallones enteros de militares, miles de federales. Con fanfarrias se anunció el Operativo Conjunto Chihuahua hace dos años. De poco ha servido. Los “ajusticiados” de esta guerra contra el narco sumaron, el año pasado, 2 mil 600, y al paso que vamos, ese año se romperá el record. Los crímenes en la fronteriza localidad son cada vez más dantescos, el saldo rojo más pesado, el terror de la población mayor.
La masacre de 16 adolescentes que asistían a una fiesta privada, hace dos semanas, fue la gota que derramó el vaso. Juárez estuvo toda la semana en el ojo del huracán. El gobernador José Reyes Baeza intentó el traslado de los poderes estatales a esa ciudad “en solidaridad con los juarenses”. El Congreso lo impidió.
El presidente Calderón visito la localidad. El recibimiento no fue muy bueno. “No voy a darle la mano, no es bienvenido”, le dijo Luz María Dávila, una adolorida madre que perdió a dos de sus hijos, estudiantes ambos, en la matanza de adolescentes.
Fernando Gómez Mont, titular de la Segob, la pasó también muy mal. Impotente gritaba “¡Tengo las manos limpias…! Cuando un grupo de indignados estudiantes le gritaban “¡asesino¡” Hasta un zape le alcanzaron a dar.
Las reacciones al anuncio del traslado de poderes ilustra la pobreza de nuestra clase política. En lugar de analizar los alcances de la propuesta, los partidos se lanzaron en una agresiva guerra de descalificaciones, con el único propósito de sacar raja política de la indignación ciudadana.
El panista César Nava, amparado en el hecho de que el gobernador no consultó su grave decisión con los legisladores locales, fue pródigo en descalificativos. Es una decisión electorera, unilateral, inconstitucional e ilegal, dijo. Ni el beneficio de la duda otorgó. ¿Y como iba a hacerlo si estamos en pleno año electoral?
En el PRI, por supuesto, se fueron al otro extremo. Casi canonizaron al mandatario por el “valor civil”, mostrado con su inesperada iniciativa. Reyes Baeza no quiso quedarse atrás y se le fue encima al presidente Calderón, por no haber acudido a Ciudad Juárez en los días siguientes a la matanza.
Seria iluso pensar que el solo hecho del traslado de poderes se hubiese traducido en una disminución de la violencia, pero se puede inferir que, al convertirse en el emblema de la lucha contra el crimen, los distintos niveles de gobierno van a aplicarse para intentar devolver la paz a esa sufrida localidad. El presidente Calderón ya anunció su “nueva” estrategia de cuatro puntos para combatir el crimen en todos sus niveles y devolver la anhelada tranquilidad a los ciudadanos.
El primer punto busca recomponer el orden institucional. El segundo tiene que ver incluye el envío de 2.600 policías federales más, dos helicópteros, patrullas y vehículos blindados, además de coordinación entre los distintos cuerpos armados.
La novedad está en el tercer punto. Se dará un impulso a la educación, a la salud y habrá más recursos para programas sociales. El cuarto punto tiene como eje la participación ciudadana. Se van a crear comités de denuncias, con candados que protejan a familias que tienen miedo de denunciar.
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