Una Ley para los militares

El Congreso aprobó abrumadoramente reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Se trata de ordenamientos sin precedentes, que regulan la utilización del Ejército y la Marina, frente a amenazas a la llamada seguridad interior, como es el crimen organizado

Esta legislación era una exigencia del alto mando militar. Desde hace tres años, las Fuerzas Armadas están en la calle, a la caza de delincuentes, debido al poder acumulado por las bandas criminales, y la incompetencia, corrupción y hasta complicidad de las distintas policías.

Hay otra razón de peso. La capacidad de fuego y de hombres. En 237 municipios hay de 1 a 5 policías; en otros 205 de 6 a 10, “¿Qué capacidad tienen entonces para enfrentar al crimen organizado?, preguntó el senador del PAN, Felipe González, durante el debate que precedió a la casi unánime aprobación de la Ley. 105 votos a favor; una abstención; y uno mas en contra.

Soldados y marinos han combatido a los cárteles de la droga sin tener definidas sus atribuciones; sin que las comunidades avalen los procedimientos. No se sienten cómodos y lo han hecho saber. Carecen de entrenamiento para efectuar labores que le corresponden a las policías, pero se disciplinan. Realizan este trabajo porque, literalmente, no hay de otra.
El vacío jurídico que ahora llenará la Ley de Seguridad Nacional tenía preocupado al secretario de la Defensa, Guillermo Galván. El general de cinco estrellas repitió, en todos los foros en loas que participó, que estas reformas eran “impostergables.”

El tema es serio. Los muertos de la llamada “guerra al narco” rebasan ya los 22 mil, según cifras oficiales. Hay, como dijo el general Galván, “luto, dolor, viudas y orfandad.” En algunos casos, pocos afortunadamente, ha habido excesos o errores de los militares que, lamentablemente, han terminado en tragedias. Eso ha mermado la imagen de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, que acumula más quejas que nunca en la CNDH.

La renovada Ley de Seguridad Nacional abre las puertas para que, en un futuro, determinados delitos cometidos por militares en activo, cuando acudan en auxilio de las autoridades civiles, sean juzgados por tribunales ordinarios.

Las reformas aprobadas establecen, además, que la legislatura local, o un gobernador que considere amenazada la seguridad interior, presentará por escrito su solicitud para que intervengan las fuerzas armadas. Si cumple con los requisitos, el secretario de Gobernación, en su calidad de secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República, para que este disponga del Ejército y la Marina.

Todas las intervenciones tendrán ubicación geográfica, serán temporales, Bajo ningún concepto restringirán las garantías individuales.


La iniciativa contiene un candado que le debemos al PRD. La torpa no podrá ser movilizada cuando la solicitud tenga su origen en resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo, el caso Cananea, por ejemplo, o en acciones relacionadas con movimientos conflictivos de carácter político, electoral o de índole social.

ETA y EZLN, nada que ver

Muy extraño que a estas alturas, cuando todas las informaciones hablan de una emigración de los miembros de la ETA hacia la Venezuela de Hugo Chávez, aparezcan versiones de un apoyo financiero de los independentistas vascos al EZLN, apoyadas en dichos de un supuesto desertor y supuestas fotos del sub Marcos que, quienes lo conocen bien, juran que no es él.

EL diputado del PRD, José Narro Céspedes, presidente de la Cocopa, cree que la versión fue urdida en los sótanos del poder donde, dice, sin ninguna evidencia física, más que unas fotos que cualquiera puede tener, y la palabra de un supuesto desertor, el cual afirma, según la nota, que el EZLN recibe apoyo financiero de la ETA.

“Otorgar las ocho columnas de la primera plana y una página completa (En Reforma) a una información de dudosa procedencia, con mentiras y falsedades, habla de una intencionalidad política, o de tener un pretexto para alguna acción represiva Dicen los que saben que “un texto fuera de su contexto es nada menos que un pretexto”, puntualizó Narro.

No parece, sin embargo, que el gobierno federal –o incluso el local- tengan algún interés en recalentar un conflicto con los zapatistas, que se han mantenido en dentro de los márgenes del cese al fuego acordado desde hace 16 años.

“No creo que el gobierno federal se quiera aventar ese broncón, ni que el gobierno local tenga interés en avivar un conflicto en su propio territorio”, razonó Jaime Martínez Veloz, ex diputado federal del PRD y representante del gobierno de Chiapas ante la Cocopa. El hombre se inclina a pensar que se trata más bien de grupos de interés locales –citó a “los evangélicos”—o gente interesada en generar la idea de que en esa zona del país no hay estabilidad.

Desde el cese del fuego a principios de 1994, el EZLN, no ha realizado acción militar alguna, en cambio ha sido hostigado por grupos paramilitares, cuya expresión más cruenta y dramática es masacre de Acteal.

En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los insurgentes han definido con toda claridad su postura “El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales, ni movimientos militares ofensivos.”

Pero además: “El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política, con esta iniciativa pacífica, que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países” .

Calderón toca fondo

El presidente Calderón atraviesa uno de los momentos más difíciles de su gestión. La guerra contra el narco, que en su momento sumó a su popularidad y hasta lo legitimó (Rubén Aguilar y Jorge Castañeda; La Guerra Fallida, editorial Punto de Lectura) hoy se vuelve en su contra.

18 mil muertos en tres años son muchos. Viudas y huérfanos se multiplican. El miedo se apodera de la ciudadanía. El carrusel de la violencia se extiende por el territorio nacional. Ya no parece haber límites, ni los códigos de antaño. Solo en la semana que pasó hubo 250 muertos, si, 250 muertos, una cifra récord en la historia moderna del país.

En esta guerra todo se vale. Las bandas criminales parecen en competencia para demostrar de qué lado son más desalmados. A diario se nos informa de decapitados, cercenados, colgados, entambados, encajuelados, encobijados, o disueltos en ácido. ¿El objetivo? Aterrorizar a la población.

Ya hasta se dan el lujo de colapsar, con bloqueos, la ciudad de Monterrey, una de las tres más importantes del país. Peor: cuentan con la abierta complicidad de policías municipales a sueldo (polizetas, les dicen ya en La Sultana) a los que les aplican el principio de “plomo o plata.”

Los reportes procedentes de la capital de Nuevo León indican que fueron policías los que ayudaron a escapar a los delincuentes que se enfrentaron al Ejército en la balacera que se registró el fin de semana en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, con saldo de dos estudiantes de posgrado muertos.

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El discurso oficial ya no convence a nadie. Llevamos tres años con la cantaleta de que la violencia crece como resultado de los daños que el estado le ha asestado a los carteles de la droga, y que esta es producto del reacomodo de las bandas criminales.

Del lado del Ejército y la Marina, que realizan un trabajo para el cual no están entrenados, los excesos se acumulan. Los verdes son, por mucho, líderes en las quejas que llegan a la CNDH. Su imagen se ha caído aún más que la del primer mandatario, según las encuestas de opinión.

El lamentable fenómeno que vivimos es comentado con agudeza en un análisis de la empresa especializada “Estrategia y Comunicación”, que encabeza Luis Kaim. Dice al respecto:

“México ha entrado en un laberinto, oscuro, peligroso, de violencia sistemática, con un debilitamiento progresivo de los gobiernos, un desgaste de las fuerzas armadas, un discurso bélico agotado, rebasado, y una opinión pública desensibilizada.

“En este contexto, nadie reclama al Presidente Calderón por hacer frente al crimen organizado; esa es su responsabilidad. Lo que resuena con cada vez más fuerza es la crítica a la unilateralidad, a la guerra contra el narco como estrategia mediática y fuente de legitimidad política pasajera, y no como una política de Estado.”

Cada vez son más numerosas las voces que reclaman un cambio a esta estrategia de muchos muertos y pocos resultados. Seria un error que el presidente Calderón aplicara aquella máxima que exhibió la sordera de Carlos Salinas de Gortari: ni los veo, ni los oigo. El reto es escuchar, revisar, ajustar y convencer, sin perder la cara.