Una Ley para los militares

El Congreso aprobó abrumadoramente reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Se trata de ordenamientos sin precedentes, que regulan la utilización del Ejército y la Marina, frente a amenazas a la llamada seguridad interior, como es el crimen organizado

Esta legislación era una exigencia del alto mando militar. Desde hace tres años, las Fuerzas Armadas están en la calle, a la caza de delincuentes, debido al poder acumulado por las bandas criminales, y la incompetencia, corrupción y hasta complicidad de las distintas policías.

Hay otra razón de peso. La capacidad de fuego y de hombres. En 237 municipios hay de 1 a 5 policías; en otros 205 de 6 a 10, “¿Qué capacidad tienen entonces para enfrentar al crimen organizado?, preguntó el senador del PAN, Felipe González, durante el debate que precedió a la casi unánime aprobación de la Ley. 105 votos a favor; una abstención; y uno mas en contra.

Soldados y marinos han combatido a los cárteles de la droga sin tener definidas sus atribuciones; sin que las comunidades avalen los procedimientos. No se sienten cómodos y lo han hecho saber. Carecen de entrenamiento para efectuar labores que le corresponden a las policías, pero se disciplinan. Realizan este trabajo porque, literalmente, no hay de otra.
El vacío jurídico que ahora llenará la Ley de Seguridad Nacional tenía preocupado al secretario de la Defensa, Guillermo Galván. El general de cinco estrellas repitió, en todos los foros en loas que participó, que estas reformas eran “impostergables.”

El tema es serio. Los muertos de la llamada “guerra al narco” rebasan ya los 22 mil, según cifras oficiales. Hay, como dijo el general Galván, “luto, dolor, viudas y orfandad.” En algunos casos, pocos afortunadamente, ha habido excesos o errores de los militares que, lamentablemente, han terminado en tragedias. Eso ha mermado la imagen de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, que acumula más quejas que nunca en la CNDH.

La renovada Ley de Seguridad Nacional abre las puertas para que, en un futuro, determinados delitos cometidos por militares en activo, cuando acudan en auxilio de las autoridades civiles, sean juzgados por tribunales ordinarios.

Las reformas aprobadas establecen, además, que la legislatura local, o un gobernador que considere amenazada la seguridad interior, presentará por escrito su solicitud para que intervengan las fuerzas armadas. Si cumple con los requisitos, el secretario de Gobernación, en su calidad de secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República, para que este disponga del Ejército y la Marina.

Todas las intervenciones tendrán ubicación geográfica, serán temporales, Bajo ningún concepto restringirán las garantías individuales.


La iniciativa contiene un candado que le debemos al PRD. La torpa no podrá ser movilizada cuando la solicitud tenga su origen en resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo, el caso Cananea, por ejemplo, o en acciones relacionadas con movimientos conflictivos de carácter político, electoral o de índole social.