Ya me vi…

No hace mucho escuché plantear en Los Pinos la necesidad de una nueva reforma electoral que facilite la construcción de mayorías presidenciales en el Congreso. La idea de establecer una segunda vuelta en las elecciones para lograrlo, hace su caminito en la casa presidencial. Felipe Calderón la ve con buenos ojos.

Las dificultades que el panista ha encontrado en sus primeros tres años de gobierno, el sentirse rehén de la oposición, en particular del PRI; y la incertidumbre sobre la suerte que correrá en el Congreso el paquete económico para el 2010, incluida la famosa supermiscelánea fiscal, lo obligan a plantear esa posibilidad, ya no para el, sino para su sucesor.

Días después, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, puso el tema sobre la mesa. “La búsqueda de una mejor gobernabilidad democrática exige analizar si la segunda vuelta es conveniente para consolidar la legitimación política en nuestro país”, dijo el inquilino de Bucareli.

En México llevamos 13 años sin mayoría en el Congreso. Desde la aparición del bloque opositor, en 1997, los electores se han negado a proporcionarle al primer mandatario las herramientas necesarias para que sus iniciativas de Ley sean aprobadas en las cámaras sin muchas dificultades.

Ni Zedillo, en el segundo trienio de su mandato, ni Fox, ni Calderón, han tenido mayoría en las cámaras. El resultado es que las grandes reformas estructurales que el país necesita para avanzar terminan en una versión light — la fiscal, la energética—o de plano no pasan. ¿La consecuencia? Nos hemos rezagado como país.

El tema de la segunda vuelta no es nuevo. La primera propuesta para para incluirla en la Ley Electoral la hizo en 1988 el entonces diputado del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, padre del Niño Verde. Desde entonces ha habido otras tres iniciativas. Una de diputado Rafael Castilla, diputado del PAN; otra de Fernando Ortiz, diputado del PRI, y una más de Luis Miguel Barbosa, diputado del PRD, según la revista especializada Ciudad Política.

Pero en México seguimos a contracorriente. En 1979, solo dos países latinoamericanos, de dieciocho con sistema de gobierno presidencial, recurrían a la segunda vuelta en unos comicios presidenciales. Hoy ya son trece.

La resistencia a que esta figura se incorpore a la Ley persiste. El senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones rechaza la posibilidad de que en México plantee como mecanismo para construir mayorías presidenciales que faciliten la gobernabilidad.

Frente a sus colegas senadores del PRI el poderoso sonorense dijo que aventurarse en una segunda vuelta “sólo fomenta mayorías artificiales y costos adicionales.”

El sueño Manlio, uno de los políticos más completos que tenemos en México, es la instauración de un “gobierno de Gabinete”, donde coexistan un jefe de estado con un jefe de gabinete o un primer ministro — el clásico “ya me vi”—y en el que las principales carteras sean ratificadas por el Congreso.

“No se trata de restarle competencias al Presidente, sino de modernizar el régimen político a partir de controles, equilibrios y figuras institucionales que resulten funcionales ante la complejidad y urgencia de las tareas que tenemos enfrente”, aclaró el sonorense.

La reforma electoral, otra más, se perfila como una de las grandes discusiones que se darán en el Congreso, durante el segundo trienio de Felipe Calderón. La oposición del PRI, la primera fuerza en San Lázaro y la segunda en el Senado, parece augurar que en la próxima elección presidencial no tendremos segunda vuelta, a menos que la postura de Beltrones sea puramente personal o de negociación.

Palo a los contribuyentes.

En San Lázaro nos aseveran que el palo a los contribuyentes contenido en el paquete económico para el 2010, está planchado parcialmente con la cúpula del PRI. Habrá que ver, sin embargo, como reaccionan los diputados de infantería, los de base, los que tienen que ir a explicar las medidas en sus distritos, los que reciben los tomatazos.

Basta con charlar con algunos priistas del Bronx, para darnos cuenta que convencerlos de algunas de las bondades del paquete económico va a estar difícil. El impuesto especial del 2 por ciento, etiquetado para combatir la pobreza, difícilmente pasará, mucho menos si lo quieren aplicar a medicinas y alimentos. Los legisladores del tricolor están convencidos de que es un “IVA disfrazado” y que, por lo tanto, contraviene los estatutos del partido.

¿Y como cubrir los 70 mil millones de pesos que la SHCP calcula recaudar con el impuesto contra la pobreza? Los expertos en el Congreso no tienen duda: se ampliará el déficit presupuestal de 0.5 puntos a un punto del PIB. Medio punto del PIB equivale 60 mil pesos millones de pesos.

El incremento al ISR, del 27 al 30 por ciento; a las telecomunicaciones, 4 por ciento, al IDE, 3 por ciento, y los “impuestos al vicio” (alcohol, tabaco, juegos y sorteos) no parecen tener mayores problemas. Hay que tapar el boquete de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas que se prevé para el 2010.

La caída en la producción de petróleo, en la recaudación, en las remesas, en el turismo, en las exportaciones, obliga al gobierno a recetarnos esta amarga, dura, intragable medicina que, de ser aprobada por el Congreso, impactaría severamente en el ánimo nacional, ya de por si maltrecho en este año de contracción económica, de crisis sanitaria, de incremento del dólar.

Además de la rabia e impotencia que el anuncio de nuevos impuestos provoca en época de crisis, de recesión, de desempleo; las contradictorias posturas de algunos partidos, PRI y PAN en particular, evidencian sus mentiras. Días antes de la presentación del paquete económico declaraban a los cuatro que no admitirán más impuestos.

Un caso especial es el del dirigente nacional del blanquiazul, Cesar Nava. Luego de salir de un desayuno con el Presidente Calderón, el pasado 27 de agosto, el presidente del PAN declaro: “No impulsaremos ningún impuesto, ninguna contribución adicional para los mexicanos”. El sábado pasado, en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del este partido, el propio Nava llamó a las otras fuerzas políticas a aprobar el paquete con todo e impuestos. ¿Por Fin?

La postura del PRI no es sencilla. Saben que el gobierno federal levantará de inmediato el índice hacia la numerosa bancada tricolor –237 diputados-- en caso de que no se aprueben las medidas. Los harán responsables de lo que suceda en el Congreso y su impacto posterior en la economía.

El paquete apenas llegó al Congreso. Quedan dos meses para discutirlo, negociarlo, cambiarlo. La experiencia dice que el legislador lo ajustará a la baja en su parte recaudatoria. Los partidos harán su numerito. El ciudadano medio, él, tendrá que revisar a la baja, pero sus gastos.

Septiembre negro

Con la entrega por escrito del Tercer Informe de Gobierno arrancaron, el 1 de septiembre pasado, los trabajos de la 61 legislatura. El acto republicano, realizado sin contratiempos y sin la presencia del presidente Calderón -ya no está obligado a asistir a la apertura de sesiones– se inserta en una complicada coyuntura de crisis, que ha echado por tierra todas las variables económicas, y nos tiene a los mexicanos en una total incertidumbre frente al futuro

Quince horas después, el presidente Calderón convocó a Palacio Nacional a las élites políticas y económicas, para dar a conocer sus diez líneas de acción para enfrentarla crisis. Al mismo tiempo convocó al Congreso a pasar de la lógica de los cambios posibles “limitados siempre por los cálculos políticos”, a la lógica de los cambios de fondo “que nos permitan romper inercias y construir nuestro futuro.

Así inició el mes de la patria, septiembre negro.

Diputados y senadores tendrán como prioridad meterle sustancia a eso que llaman Ley de Emergencia Económica. Dejar a un lado sus intereses personales o de grupo y trabajar conjuntamente para lograr acuerdos por dolorosos o difíciles que estos resulten.

Mas allá del camino fácil que implicaría el IVA en medicinas y alimentos, los hacedores de leyes pueden llevar a la mesa de negociaciones temas como la elusión fiscal de las grandes empresas, los privilegios de los sindicatos, el sueldo oculto de los ministros de la Corte, los bonos que se auto otorgan los propios legisladores, la eliminación de los regímenes fiscales de excepción, el combate a la corrupción. Paralelamente pueden ampliar el déficit -es decir, autorizar endeudamiento– a márgenes tolerables, y reducir el gasto corriente.

Estamos en un mal año, un año de contingencias: la sanitaria, la financiera, la social; es decir, la de la influenza, la del dólar, la de la sequía y el desempleo. La ciudadanía lo sabe, lo siente, lo sufre. Las encuestas nos dicen que la percepción sobre la situación económica es la peor de los últimos nueve años.

Las estadísticas confirman el hoyo en el que nos encontramos. Abajo la producción, las remesas, las exportaciones, el precio del petróleo, el turismo. Estados y municipios sufren tremendamente de la caída en las participaciones. Los ayuntamientos más pobres ya no mueven ni los carros de basura por falta de recursos

La vía de los nuevos impuestos parece descartada, por lo menos por ahora. Las agendas económicas de los grupos parlamentarios del PRI, el PRD y los partidos de la chiquillada coinciden: Cero gravámenes La población está muy golpeada por la crisis. No hay condiciones para imponerle más cargas.

El 8 de septiembre llegará al Congreso el paquete económico. Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos, Criterios de Política Económica y, probablemente, Miscelánea Fiscal.

Sobre ese paquete tendrán que bordar los legisladores, obligados, por lo menos esta vez a hacer a un lado sus intereses electorales y trabajar, en serio, por el país. Han quedado a deber desde hace lustros. Ya es hora de reivindicarse.