El escandaloso del pacto anti-alianzas que suscribieron los presidentes del PRI y el PAN, con el titular de Gobernación y el secretario de gobierno del Estado de México como testigos de honor, ha quedado como constancia del poco respeto que los firmantes del documento tienen por los estatutos de su partido, por sus respectivas militancias y, sobre todo, por la ciudadanía.
No solo se trató de blindar la candidatura presidencial del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, quien aparece como el beneficiario visible del criticado pacto, sino que hay otra parte, la que interesaba al PAN y al gobierno federal , que no quedó plasmada en el documento exhibido, y de la que los priistas no se quieren ni acordar.
No hay que olvidar que en su acto de “mea culpa”, realizado en un par de entrevistas publicadas por la prensa escrita hace ya algunas semanas, Fernando Gómez Mont reconoció que el acuerdo se firmó contra el compromiso del PRI de respaldar la Ley de Ingresos y su carga de nuevos impuestos que hoy pagamos los mexicanos.
Peor aún. Gómez Mont suscribió como testigo de honor este acuerdo que contraviene el espíritu de imparcialidad que cualquier funcionario, sin importar su rango, debe observar en cuestiones electorales.
El resbalón no pasó desapercibido en la izquierda. Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD; Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT; y Manuel Camacho Solis, coordinador del DIA, ya comenzaron a ejercer presión para que el IFE y el TEPJF tomen cartas en el asunto.
“El secretario de Gobernación, el secretario de Gobierno y el gobernador del Estado de México han incurrido en una clara violación de la ley. Ese hecho colocará a los consejeros del IFE, y en su caso a los magistrados del Tribunal Electoral, en la necesidad de mostrar su autonomía o, desde ahora, poner en riesgo la confianza en las autoridades que organizarán y sancionarán las próximas elecciones presidenciales”, escribió Camacho Solís, en su semanal colaboración para El Universal.
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Los primeros sondeos dan cuenta de que el firmante más perjudicado por el escándalo es Cesar Nava. El bisoño líder nacional del PAN tuvo, en las primeras 48 horas, entre 150 y 200 mil impactos negativos en tweeter, según expertos en la materia consultados por este reportero.
La encuesta de María de las Heras (Milenio 08-03-10) va en el mismo sentido: un 52 por ciento de los interrogados considera que Nava se vio “peor” que Beatriz Paredes en este asunto. Inicialmente, ambos negaron públicamente la existencia del pacto. Es decir, quedaron como unos mentirosos.
Por si fuera poco, el abortado acuerdo tenía como fecha de vencimiento el 31 de julio del 2011. Nava deja la presidencia del PAN en el 2010. Es decir, el jefe nacional del azul comprometió la política de alianzas de su partido más allá del período en el que termina su interinato.
Las mentiras han sido la constante en el desarrollo de todo este asunto. Gómez Mont y Nava han declarado que Felipe Calderón, jefe de ambos, no fue informado o “no sabia” del contenido de los acuerdos con el PRI. Los dos están firmes en sus cargos, a pesar de que, oficialmente, le vieron la cara al presidente de la República. Paredes y Peña Nieto niegan rotundamente que el pacto anticoaliciones, que abarcaba también el estado de Oaxaca, se haya firmado contra el incremento al IVA. ¿Y entonces a cambio de qué?
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