Juego a la especulación.

No se entiende por ningún lado que el gobierno federal haya puesto a competir a Hidalgo y Guanajuato por la nueva refinería. Lo único que ha logrado es que los terrenos se encarezcan, los especuladores se enriquezcan, los gobiernos de las dos entidades se endeuden, los ejidatarios se alboroten, los partidos se engallen, y el proyecto se retrase.

El plazo de cien días que inexplicablemente fijó para que los gobiernos de las dos entidades le entregaran, en donación, 700 hectáreas, libres de problemas jurídicos, venció el pasado viernes. Ninguno de los dos estados cumplió con el requisito. No les alcanzó el tiempo para transformar los certificados de parcelización en títulos de propiedad privada.

Carrera contra el tiempo. Al mediodía del domingo 26 de julio, Hidalgo había emitido un total de 635 títulos de propiedad, de igual número de parcelas. La superficie libre de problemas alcanzaba ya 493.36 hectáreas. En Guanajuato iban 108 títulos de propiedad sobre igual número de parcelas. 408.10 hectáreas libres, según reporte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Nada podrá oficializarse, sin embargo, hasta que transcurran los 30 días que la Ley otorga para corran las notificaciones a los ejidatarios. “El riesgo de impugnación existe”, advirtió Alberto Pérez Gasca, director jurídico de la SRA, en charla con este reportero.

Un documento de PEMEX, enviado al correo de Rubicón, precisa sobre este punto: La certidumbre jurídica absoluta sobre la propiedad de los terrenos que reciba Pemex es un objetivo indispensable, y la única manera de garantizar que este proyecto llegue a buen puerto. Hacerlo de otra forma comprometería la viabilidad del mismo”, coincidió.

Tanto en PEMEX, como en la SRA temen que si las cosas no se hacen como Dios manda aparezcan los vivales de siempre y le saquen raja a los procesos mal hechos. Allí está el caso del Puerto de Altamirano, Tamaulipas, que por una firma mal puesta hubo que indemnizar de nuevo a los ejidatarios.

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“La nueva refinería se construirá en el primer sitio entre Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, que entregue las tierras”, dijo el director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles. Fue el banderazo para que se desatara la grilla en todo su esplendor.

El proyecto estaba asignado a Hidalgo. Al menos eso creen los priistas, que de inmediato multiplicaron las advertencias de que no permitirán que la inversión, casi 9 mil millones de dólares, se vaya al estado panista de Guanajuato. El gobernador de Veracruz fue de los primeros en saltar a la palestra:

"Le pedimos al gobierno de la República cesar esta política de confusiones y de enfrentamientos estériles que a nada llevan. Si la refinería ya está asignada, que respalden a Hidalgo para que tenga las inversiones inmobiliarias de inmediato, y no estén dando este espectáculo que a nadie sirve en una hora tan delicada y difícil de enfrentar la crisis de la economía y de la seguridad", resalto el veracruzano.

Otro priista, el diputado electo por Hidalgo, David Penchyna, está convencido de que la nueva refinería se construirá en su estado. No ve como podría el gobierno federal dar un viraje de ese tamaño. ¿Te imaginas el desmadre? Cuestionó. Fue más lejos. “El señor Oliva se esta comportando como el gobernador de Guanajuato, sino como el jefe de una pandilla de panistas dolidos”, aseveró.

En Guanajuato también hay efervescencia. El dirigente estatal del PAN, Fernando Torres Graciano, acusó incluso a Jesús Reyes Heroles de favorecer al partido donde milito su padre. “Hidalgo agotó su tiempo, el siguiente tiempo era para Guanajuato por separado. Creo que hay una tendencia. Para todos es conocido que el señor es militante priísta”, dijo el panista.

Las sospechas crecen de uno y otro lado. PEMEX hace todo por atajarlas. REL citado documento dice que con el propósito de garantizar plena transparencia durante esta segunda etapa del proceso, una organización independiente, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, integrará un grupo de expertos encabezados por su Presidente, el Lic. Heriberto Castillo Villanueva.

“Dicho grupo actuará como tercero (testigo social) en el seguimiento y certificación de la validez de todos los actos jurídicos necesarios para completar el procedimiento con equidad y transparencia”, puntualiza la paraestatal.

La disputa provocada por el gobierno era innecesaria. No se ve por donde pueda Guanajuato quedarse con el proyecto. La debilidad del gobierno federal quedó en evidencia después de la debacle del PAN en las urnas. Carece de punch para arrebatarle la refinería a un gobierno emanado del PRI. Los únicos beneficiados por la confusión, no hay duda, son los especuladores.