domingo, 22 de noviembre de 2009

Feuderalismo

Las cabezas de los diarios nacionales reflejaban con implacable precisión lo sucedido con el Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados. “Salen de gane los gobernadores”, titulaba Reforma, en su edición del 17 de noviembre. “Cámara da manos libres a los estados”, se leía en El Universal. “Estados recuperan recursos y privilegios” coincidía Excélsior: “Gobernadores, los ganones en el Presupuesto
2010”, encabezaba La Jornada.

El reparto de recursos, plasmado en el decreto aprobado la madrugada de ese martes en San Lázaro, evidenciaba el sobrepeso que los gobernadores del PRI han adquirido en el Congreso de la Unión, a través de “sus” diputados.

Días antes, cuando las negociaciones sobre Ley de Ingresos se encontraban en su punto más álgido, los mandatarios estatales habían presionado con éxito a sus diputados, para que aprobaran la cascada de nuevos impuestos (IV, ISR, IEPS; Telecomunicaciones, Juegos y Sorteos…) que a partir de enero del 2010 harán un “agujero” en los bolsillos de los mexicanos.

Las reasignaciones al Presupuesto confirmaban el poder que estos nuevos señores feudales tienen en pleno sigo XXI, a un año de que celebremos el bicentenario de la Independencia. No solo fueron los más beneficiados por las modificaciones al Presupuesto (dos tercios de los 96 mil millones de pesos reasignados por irán a los estados) sino que se relajaron considerablemente las medidas de control en el ejercicio de esos recursos.

El papel de pedigüeños que, año con año, desempeñaban en San Lázaro, quedó atrás.

El debilitamiento de la presidencia, combinado con los resultados en las elecciones de julio, les permitía imponer condiciones. Se habían apoyado en la fuerza de la bancada tricolor (237 diputados) para obtener más recursos.

Los paganos de este reacomodo de fuerzas –y de recursos—fueron el gobierno federal, al que le impusieron un plan de austeridad; los poderes Judicial y Legislativo, y el Instituto Federal Electoral. Todos recibirán menos dinero del que les asignó el presidente Calderón en el decreto original.

El reparto dejó inconformes a senadores panistas y perredistas. Los primeros llevaron a la plaza pública su inconformidad por el supuesto relajamiento de los candados de transparencia en el uso de los recursos que van a los estados. Las protestas de los segundos se sintetizan en las declaraciones del senador Carlos Navarrete quien ironico, dijo que esto se parece al “botín de los corsarios”.

Pero los priistas ni sudan, ni se acongojan. “No es agandaye, es proporcionalidad”, reviró el diputado del PRI, Luis Alberto Cano Vélez, al explicar los criterios utilizados por su bancada en el reparto de recursos.

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