Puntilla a gobernadores arcaicos

Hay motivos para celebrar las elecciones del pasado cuatro de julio. Millones de mexicanos fueron a las urnas en 14 entidades de la República, y la jornada transcurrió en relativa calma. Algunos incidentes menores, pero nada que ver con las señales ominosas registradas en Tamaulipas seis días antes.
La tranquilidad se mantiene, a pesar de que la mitad de las doce gubernaturas en disputa cambiaron de color. Nos estamos acostumbrando a la alternancia. Es un avance, aunque todavía prevalecen rémoras del viejo régimen: dedazos, compra de votos, guerra sucia, amedrentamiento oficial, auto proclamación de ganadores la noche de la elección.
Los ciudadanos, afortunadamente, dieron la puntilla a los gobernadores que pretendían mantenerse como los “grandes electores” en sus entidades. El deseo de cambio se impuso al “factor Ulises” en Oaxaca; al “gober precioso” en Puebla; a Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa; a Amalia García en Zacatecas.
En estos cuatro estados –los tres primeros gobernados por el PRI; el cuarto por el PRD– los mandatarios se aferraron a sus “delfines”, a pesar de que otros aspirantes los superaban en intención de voto. Vinieron los pleitos, los desprendimientos, los cambios de partido, la derrota.
En Oaxaca ganó el obradorista Gabino Cue; en Puebla, el gordillista Rafael Moreno Valle; en Sinaloa, el beltronista Mario López Váldez. Todos cobijados por el manto aliancista que tejieron partidos tan disímbolos como el PAN y el PRD.
El caso de las entidades perdidas por el PAN es distinto. El “dedazo” no lo dieron los gobernadores, sino la dirigencia nacional del partido, que encabeza César Nava.
En Aguascalientes, el gobernador Luis Armando Reynoso se la jugó al revés. Apoyo al candidato del PRI, Carlos Lozano, y ya lo quieren expulsar del partido. El gobernador tlaxcalteca, Héctor Ortiz, se disciplinó a los lineamientos del centro, pero nada pudo hacer para evitar la derrota frente al priista Mariano González Zarur
Hay broncas en Durango y Veracruz. La votación favorece a los
candidatos del PRI, Jorge Herrera Caldera y Javier Duarte, respectivamente, pero por un margen impugnable. Son los únicos candidatos que, hasta la medianoche del martes, no habían sido felicitados por el presidente Calderon.
El PRI se quedó con las ganas del “carro completo” que tanto cantó, alentado por el mal tino de las encuestas. Las alianzas entre los opuestos funcionaron, y ya de perfilan para el 2011.
En la mira de panistas y perredistas está ahora el Estado de México.
Lo gobierna el priista Enrique Peña Nieto, cabeza en todas las encuestas sobre preferencias electorales, de cara a la elección presidencial del 2012. Quieren bajarle el copete, a como de lugar.

El voto del crimen

Rodolfo Torre Cantú iba a ser el próximo gobernador de Tamaulipas. Al momento de su ejecución, llevaba más de 20 puntos de ventaja en las preferencias electorales frente a su rival más próximo, el panista José Julián Sacramento. Pero sus verdugos dispusieron otra cosa.

No tenemos aún la certeza de que el candidato priista haya sido asesinado por el crimen organizado, pero el modo de operar del comando que lo mató parece apuntalar esta hipótesis. Tamaulipas es uno de los cinco estados que lo servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen en semáforo rojo. Es, además, terreno de violentas disputas entre el Cártel del Golfo y los Zetas.

De confirmarse esta hipótesis, estaríamos frente a un hecho sin precedentes. La irrupción violenta del crimen organizado en unas elecciones de gobernador. Un parteaguas, un antes y un después. El estado no puede darse el lujo de ignorarlo, como ha sido el caso de otros candidatos menores.

Apenas en mayo pasado, mataron al abanderado del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, José Mario Guajardo. No hay rastro de sus asesinos. Nadie sabe, nadie supo. El hombre pasó a formar parte de las estadísticas. El 95 por ciento de los asesinatos cometidos por los narcos no se resuelven. Peor: ni siquiera se investigan.

Pero dejar este crimen en la impunidad sería tanto como empollar el huevo de la serpiente, alentar nuevos episodios de esta envergadura, que no solo lesionan la democracia –imagínese cuantos candidatos desaparecerían por no ser del gusto del crimen organizado– sino que dañan severamente la imagen de nuestro país en el exterior. Sobra decir el temor que infunden en una población que, con razón, se siente indefensa frente al poderío de los narcos.

El asesinato sacudió al país. Ni un solo diario dejo de consignarlo en sus ocho columnas: “Votarán pese a crimen” (Reforma); “Ejecutan a candidato; PRI: no nos intimidan (El Universal); “Ejecución cimbró al país” (Excelsior); “Asesinan a Torre en Tamaulipas; habrá elecciones (La Jornada): “La Ejecución del Candidato no aplaza la elección” (Milenio); “Crimen decide en Tamaulipas quien no debe gobernar” (La Razón)

A Torre Cantú le metieron 18 tiros, seis días antes de las elecciones en Tamaulipas y en otros 13 estados de la República. Su ejecución envenenó un proceso que, ya de por si, se había enturbiado con la guerra sucia que se libran los partidos, en su disputa por los cargos de elección popular.

Los reproches y reclamos del PRI al gobierno federal se han multiplicado. La indignación en el tricolor es grande. Los llamados del presidente Calderón a cerrar filas en defensa de las instituciones democráticas se repiten. Palabras y más palabras.

Pero mas que discursos y mensajes, los mexicanos necesitamos que la estrategia de seguridad sea eficaz, las familias quieren recuperar la tranquilidad, como atinadamente apuntó Beatriz Paredes, al posesionar a su partido. ¿O alguien lo duda?

Los días más violentos

Vivimos los días más violentos del sexenio. Los medios de comunicación llegaron a contar, en un solo día, hasta 68 ejecutados en distintos estados de la República. Un triste récord. La sangrienta jornada elevó a casi 4,800 el número de muertes vinculadas con el crimen organizado en lo que va del año.

Y la cuenta sube cotidianamente…
Esta realidad que vivimos obligó al primer mandatario a pronunciar, el martes pasado, un mensaje en cadena nacional, en el que cambió por completo el discurso, repartió culpas a diestra y siniestra. y llamó a la ciudadanía participar en el combate al crimen organizado, a través de la denuncia y la aportación de datos, pero sin dar garantías, al que lo haga, de que no ñe va a costar su vida o la de sus seres queridos. ¿Así cómo?
Felipe dijo si hay armas en México es por culpa de que se levantó la prohibición en Estados Unidos, y no por la corrupción en las aduanas, por donde esta transitan. Reconoció implícitamente que algunos estados y municipios están bajo control del crimen organizado, vía la intimidación o la corrupción que ejercen los carteles de la droga.
Ese día nos enteramos que dejamos de estar en “guerra” contra el narco. Ahora es una lucha no solo del Presidente de la República. “Es de todos”, destacó.
Sobran ejemplos para ilustrar la afirmación de que vivimos los días más violentos del sexenio. Una docena de policías federales fueron acribillados impunemente en Zitacuaro, Michoacán, por la llamada Familia, en respuesta a la captura de uno de sus jefes.
En Chihuahua fueron masacradas 27 personas en un centro de rehabilitación por las rivalidades entre chapos y zetas-beltranes. En un penal de Mazatlán masacraron a decenas de personas por las mismas razones. En Ciudad Juárez mataron a un alcalde; otra docena perecieron en enfrentamientos en Tamaulipas entre el Ejército y los narcos.
Hemos llegado a lo insólito. Hay narcobloqueos en Monterrey. Importantes vialidades bloqueadas en la industriosa ciudad, sin que las policías se atrevan siquiera a acercarse. O en Nayarit, donde tuvieron que adelantar el fin del ciclo escolar debido a la sicosis provocada entre padres de familia por los rumores de que habría una vendetta en colegios de Tepic, a causa de los enfrentamientos entre grupos criminales.
El Presidente tocó, en su mensaje, un punto neurálgico. El crimen organizado cobra de cuotas de protección o derecho de piso a ciudadanos honestos. Ningún gobierno lo puede permitir. Ese, reveló el presidente, fue el principal motivo por el que resolvió entrarle de frente a la lucha contra los carteles de la droga.
La violencia incontrolable comienza a despertar tentaciones de pactar con los criminales a cambio del retorno a la tranquilidad. Seria un tremendo error. El poder de las bandas se multiplicaría y acabaríamos, como advirtió alguna vez el visionario Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, con un narcopresidente.

Greg y la política ficción

A Greg Sánchez lo conocí brevemente en el café de un conocido hotel de Polanco hace casi dos años. Compartíamos mesa con la conocida periodista de televisión, Lilly Téllez. No me quedó mucho de aquella charla, salvo el hecho que se identificaba más como empresario que como político y que no se reconocía en la ideología del PRD, partido por el cual llegó a la presidencia municipal de Cancún.

Lejos estaba de imaginar que aquel hombre de rasgos tropicales, charla aburrida y apodo abreviado en inglés, seria protagonista del escándalo político-electoral del 2010.

Postulado como candidato de la Coalición PRD-PT- Convergencia al gobierno de Quintana Roo, le dictaron auto de formal prisión por lavado de dinero, crimen organizado y fomento al narcotráfico.

El tema es de preocupar. De comprobarse las acusaciones, estaríamos ante un caso, no menor, de narcopolítica. El primer candidato a gobernador encarcelado por sus vínculos con el crimen organizado, en pleno proceso electoral.

Pero si no se le comprueban los cargos, entonces hay de que alarmarnos. Estaríamos frente a un nuevo caso de incompetencia, mala fe, o artimañas de la PGR, que ya ha tenido que dar marcha atrás en otros casos similares, abiertos extrañamente en época electoral y que acabaron con la exoneración de la mayoría de los acusados.

Quien no recuerda Michoacanazo, que llevó a la cárcel a casi 30 alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán; hoy libres en su mayoría; el de los hermanos Monreal en Zacatecas; o el del priista Arturo Zamora Jiménez, acusado de fraude y vínculos con el narco cuando era candidato al gobierno de Jalisco y despedido con un “usted disculpe” ya pasadas las elecciones.

El caso ha enrarecido la atmosfera política. Jesús Ortega, jefe nacional del PRD, defiende a ciegas a Greg y repite, en cada declaración, que el caso tiene tintes políticos. Jura que no sabia de que acusaban a su candidato, a pesar de que Marcelo Ebrard nunca quiso pararse a apoyarlo y que el PAN no quiso la alianza en ese estado.

Ya en el colmo de la política ficción, Jesús se hizo acompañar del panista Cesar Nava a la presentación de una denuncia contra el Partido Verde , que lo acusó de complicidad en las actividades ilícitas de Greg. Al mismo tiempo, el perredista responsabiliza a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación y miembro destacado del gabinete del presidente Calderón, de ser el cerebro del complot contra Sánchez.

El auto de formal prisión, dictado por el mismo juez nayarita del michoacanazo, dejó a la coalición sin abanderado al gobierno de ese hermoso estado, y pavimentó el camino para que el PRI se quede seis años más en el Palacio de Gobierno. Salvo imponderable, el próximo gobernador de Quintana Roo se llama Roberto Borge.

Merolicos en tweeter

Han pasado ocho días y seguimos sin indicios del paradero del Jefe Diego. No hay solicitud de rescate, nadie ha reivindicado el hecho. No sabemos si fue un asunto de venganza o una acción del crimen organizado. No hay pistas sólidas, a pesar de que el aparato del Estado se ha volcado como nunca en este caso de alto impacto, que ha monopolizado la atención en el país, y ha trascendido nuestras fronteras.

Lo único que si sabemos es que a Fernández de Cevallos, abogado acaudalado, personaje clave en la transición hacia la alternancia, se lo llevaron de su rancho la noche del viernes; y que en su camioneta, o cerca de ella, había rastros de sangre que es de su tipo
Atestiguamos el angustioso llamado que Antonio Lozano Gracia, socio y amigo de Diego, hizo a sus captores para que entren en contacto con la familia y establezcan las condiciones del rescate, pero también al hijo del panista pedir a las autoridades mantenerse al margen del caso. Escuchamos al presidente Calderón aseverar categórico, en Washington, que no es un secuestro, y mucho menos un “mensaje” del crimen organizado (¿sabrá algo adicional o es intuición?)

En las redes sociales circula desde la noche del jueves una polémica fotografía en la que aparece un hombre con barba, vendado de los ojos, el torso desnudo, muy similar a Diego Fernández de Cevallos. La familia dice que si es, pero los peritajes no han dicho la ultima palabra. Esos son los hechos. A ellos debemos atenernos y no hacer caso de las especulaciones.

La desaparición, captura, secuestro, o levantón del connotado panista también ha dado lugar a patéticas versiones, que circularon en Twetter y Facebook. La ligereza de Manuel Espino, aunada a la ansiedad de algunos prestigiados comunicadores de tener la primicia, los llevó a difundir una dolorosa mentira que obligó al ex jefe del PAN a disculparse públicamente.

Pero afortunadamente ha habido muchas reacciones humanas y positivas. En particular me sorprendió el tono del comunicado del EPR, al que quisieron vincular con el caso. La organización guerrillera dijo lamentar la desaparición del panista y expresó su solidaridad con la familia; en contraste con algunos mediocres y frustrados que hasta celebraban, en las redes sociales, la desgracia ocurrida a los Fernández de Cevallos.

El caso es grave, tiene consecuencias para el país, no hagamos el juego a los merolicos

Prolongar el reventón

Los chilangos podremos andar de juerga casi toda la noche. De jueves a sábado, algunas zonas de nuestro querido DF volverán a animarse, hasta bien entrada a madrugada. Hace apenas dos semanas, los asambleistas resolvieron ampliar los horarios de antros y discotecas a las cinco de la mañana.

Eso significa un mayor esparcimiento, más oportunidades de ligue, más propinas para los meseros, dinero para los disminuidos propietarios de los establecimientos; que no acaban de recuperarse de los estragos de la influenza. En suma: una ciudad tolerante y mucho más animada, donde se ejerce el libre albedrío y se disfruta de las libertades.

Pero mantener abiertos bares y discotecas tiene sus inconvenientes. La recién aprobada Ley de Establecimientos Mercantiles, que permitirá reventarnos oficialmente dos horas más, se traducirá en una mayor ingesta de alcohol.

Habla más borrachos en la calle, más gente en El Torito, policías corruptos con más dinero en los bolsillos, preocupaciones para los padres y, sobre todo, mayores posibilidades de accidentes viales, peleas callejeras, muertes prematuras, y terceros lastimados.

Allí está el lamentable caso de Celia Lora García, 26 años, hija de Alex, líder del Tri, consignada por homicidio culposo en la persona de Pedro Corona Ávalos, 34 años, cuando manejaba alcoholizada. La muchacha no tiene derecho a fianza.

La ampliación de los horarios fue desaconsejada desaconsejaron el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard y las organizaciones de padres de familia. La Secretaria de Seguridad Publica del DF ha señalado que, de acuerdo con las estadísticas, los problemas más serios que ocurren en la calle, relacionados con el consumo de alcohol, se dan con mayor frecuencia entre las tres y las cinco de la mañana.

Los sectores más conservadores de la Iglesia católica, que no pierden ocasión de irse contra el PRD por aprobar el aborto y la adopción de niños por matrimonios gays, de plano condenaron la medida. Dicen que los horarios permitidos son los más propicios para la venta y el consumo de drogas, precisamente en este tiempo en el que México está herido por el poder criminal de las bandas organizadas de narcotraficantes.

Para equilibrar las críticas, los asambleístas impusieron una serie de medidas de seguridad que podrían disminuir el impacto negativo. Detectores de metales, videocámaras, agentes de seguridad capacitados en corporaciones policíacas, servicio de taxi seguro, alcoholímetro al interior de los establecimientos; entre otras medidas

Promotores y detractores tienen parcialmente la razón. México necesita una vida nocturna mucho más animada, pero no a costa de la salud y seguridad de sus habitantes. Nos falta mucho por hacer en estos dos temas para poder andar de madrigada en la calle sin tener grandes preocupaciones

Una Ley para los militares

El Congreso aprobó abrumadoramente reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Se trata de ordenamientos sin precedentes, que regulan la utilización del Ejército y la Marina, frente a amenazas a la llamada seguridad interior, como es el crimen organizado

Esta legislación era una exigencia del alto mando militar. Desde hace tres años, las Fuerzas Armadas están en la calle, a la caza de delincuentes, debido al poder acumulado por las bandas criminales, y la incompetencia, corrupción y hasta complicidad de las distintas policías.

Hay otra razón de peso. La capacidad de fuego y de hombres. En 237 municipios hay de 1 a 5 policías; en otros 205 de 6 a 10, “¿Qué capacidad tienen entonces para enfrentar al crimen organizado?, preguntó el senador del PAN, Felipe González, durante el debate que precedió a la casi unánime aprobación de la Ley. 105 votos a favor; una abstención; y uno mas en contra.

Soldados y marinos han combatido a los cárteles de la droga sin tener definidas sus atribuciones; sin que las comunidades avalen los procedimientos. No se sienten cómodos y lo han hecho saber. Carecen de entrenamiento para efectuar labores que le corresponden a las policías, pero se disciplinan. Realizan este trabajo porque, literalmente, no hay de otra.
El vacío jurídico que ahora llenará la Ley de Seguridad Nacional tenía preocupado al secretario de la Defensa, Guillermo Galván. El general de cinco estrellas repitió, en todos los foros en loas que participó, que estas reformas eran “impostergables.”

El tema es serio. Los muertos de la llamada “guerra al narco” rebasan ya los 22 mil, según cifras oficiales. Hay, como dijo el general Galván, “luto, dolor, viudas y orfandad.” En algunos casos, pocos afortunadamente, ha habido excesos o errores de los militares que, lamentablemente, han terminado en tragedias. Eso ha mermado la imagen de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, que acumula más quejas que nunca en la CNDH.

La renovada Ley de Seguridad Nacional abre las puertas para que, en un futuro, determinados delitos cometidos por militares en activo, cuando acudan en auxilio de las autoridades civiles, sean juzgados por tribunales ordinarios.

Las reformas aprobadas establecen, además, que la legislatura local, o un gobernador que considere amenazada la seguridad interior, presentará por escrito su solicitud para que intervengan las fuerzas armadas. Si cumple con los requisitos, el secretario de Gobernación, en su calidad de secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República, para que este disponga del Ejército y la Marina.

Todas las intervenciones tendrán ubicación geográfica, serán temporales, Bajo ningún concepto restringirán las garantías individuales.


La iniciativa contiene un candado que le debemos al PRD. La torpa no podrá ser movilizada cuando la solicitud tenga su origen en resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo, el caso Cananea, por ejemplo, o en acciones relacionadas con movimientos conflictivos de carácter político, electoral o de índole social.

ETA y EZLN, nada que ver

Muy extraño que a estas alturas, cuando todas las informaciones hablan de una emigración de los miembros de la ETA hacia la Venezuela de Hugo Chávez, aparezcan versiones de un apoyo financiero de los independentistas vascos al EZLN, apoyadas en dichos de un supuesto desertor y supuestas fotos del sub Marcos que, quienes lo conocen bien, juran que no es él.

EL diputado del PRD, José Narro Céspedes, presidente de la Cocopa, cree que la versión fue urdida en los sótanos del poder donde, dice, sin ninguna evidencia física, más que unas fotos que cualquiera puede tener, y la palabra de un supuesto desertor, el cual afirma, según la nota, que el EZLN recibe apoyo financiero de la ETA.

“Otorgar las ocho columnas de la primera plana y una página completa (En Reforma) a una información de dudosa procedencia, con mentiras y falsedades, habla de una intencionalidad política, o de tener un pretexto para alguna acción represiva Dicen los que saben que “un texto fuera de su contexto es nada menos que un pretexto”, puntualizó Narro.

No parece, sin embargo, que el gobierno federal –o incluso el local- tengan algún interés en recalentar un conflicto con los zapatistas, que se han mantenido en dentro de los márgenes del cese al fuego acordado desde hace 16 años.

“No creo que el gobierno federal se quiera aventar ese broncón, ni que el gobierno local tenga interés en avivar un conflicto en su propio territorio”, razonó Jaime Martínez Veloz, ex diputado federal del PRD y representante del gobierno de Chiapas ante la Cocopa. El hombre se inclina a pensar que se trata más bien de grupos de interés locales –citó a “los evangélicos”—o gente interesada en generar la idea de que en esa zona del país no hay estabilidad.

Desde el cese del fuego a principios de 1994, el EZLN, no ha realizado acción militar alguna, en cambio ha sido hostigado por grupos paramilitares, cuya expresión más cruenta y dramática es masacre de Acteal.

En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los insurgentes han definido con toda claridad su postura “El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales, ni movimientos militares ofensivos.”

Pero además: “El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política, con esta iniciativa pacífica, que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países” .

Calderón toca fondo

El presidente Calderón atraviesa uno de los momentos más difíciles de su gestión. La guerra contra el narco, que en su momento sumó a su popularidad y hasta lo legitimó (Rubén Aguilar y Jorge Castañeda; La Guerra Fallida, editorial Punto de Lectura) hoy se vuelve en su contra.

18 mil muertos en tres años son muchos. Viudas y huérfanos se multiplican. El miedo se apodera de la ciudadanía. El carrusel de la violencia se extiende por el territorio nacional. Ya no parece haber límites, ni los códigos de antaño. Solo en la semana que pasó hubo 250 muertos, si, 250 muertos, una cifra récord en la historia moderna del país.

En esta guerra todo se vale. Las bandas criminales parecen en competencia para demostrar de qué lado son más desalmados. A diario se nos informa de decapitados, cercenados, colgados, entambados, encajuelados, encobijados, o disueltos en ácido. ¿El objetivo? Aterrorizar a la población.

Ya hasta se dan el lujo de colapsar, con bloqueos, la ciudad de Monterrey, una de las tres más importantes del país. Peor: cuentan con la abierta complicidad de policías municipales a sueldo (polizetas, les dicen ya en La Sultana) a los que les aplican el principio de “plomo o plata.”

Los reportes procedentes de la capital de Nuevo León indican que fueron policías los que ayudaron a escapar a los delincuentes que se enfrentaron al Ejército en la balacera que se registró el fin de semana en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, con saldo de dos estudiantes de posgrado muertos.

* * *

El discurso oficial ya no convence a nadie. Llevamos tres años con la cantaleta de que la violencia crece como resultado de los daños que el estado le ha asestado a los carteles de la droga, y que esta es producto del reacomodo de las bandas criminales.

Del lado del Ejército y la Marina, que realizan un trabajo para el cual no están entrenados, los excesos se acumulan. Los verdes son, por mucho, líderes en las quejas que llegan a la CNDH. Su imagen se ha caído aún más que la del primer mandatario, según las encuestas de opinión.

El lamentable fenómeno que vivimos es comentado con agudeza en un análisis de la empresa especializada “Estrategia y Comunicación”, que encabeza Luis Kaim. Dice al respecto:

“México ha entrado en un laberinto, oscuro, peligroso, de violencia sistemática, con un debilitamiento progresivo de los gobiernos, un desgaste de las fuerzas armadas, un discurso bélico agotado, rebasado, y una opinión pública desensibilizada.

“En este contexto, nadie reclama al Presidente Calderón por hacer frente al crimen organizado; esa es su responsabilidad. Lo que resuena con cada vez más fuerza es la crítica a la unilateralidad, a la guerra contra el narco como estrategia mediática y fuente de legitimidad política pasajera, y no como una política de Estado.”

Cada vez son más numerosas las voces que reclaman un cambio a esta estrategia de muchos muertos y pocos resultados. Seria un error que el presidente Calderón aplicara aquella máxima que exhibió la sordera de Carlos Salinas de Gortari: ni los veo, ni los oigo. El reto es escuchar, revisar, ajustar y convencer, sin perder la cara.

Agravio a Calderón

El triple asesinato de personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Juárez no solo reforzó la injusta idea de que se trata de “la ciudad más violenta del mundo”, sino que originó, a consecuencia de la nacionalidad de los ejecutados, la intervención de agentes del FBI y la DEA en territorio mexicano.

Este hecho revivió fantasmas que creíamos superados. La palabra “injerencia” ha resurgido con fuerza en boca de nacionalistas trasnochados. Estos chauvinistas del siglo XX, pero que viven en el siglo XXI, alegan que la presencia de los agentes de extranjeros viola la soberanía nacional y que Estados Unidos sufre las consecuencias de no haber frenado a tiempo la venta ilegal de armas

La participación de los gringos en la investigación de los homicidios no es para ocupar territorio mexicano, ni mucho menos para apoderarse de nuestro petróleo, sino para coadyuvar a que no prevalezca la impunidad, por lo menos en ese crimen.

Ya hemos visto que las incontables ejecuciones que realizan las bandas del crimen organizado son raramente castigadas. No pasa un día sin que nos enteremos de una matanza en alguna parte del territorio nacional. La inmensa mayoría de los sicarios transitan libremente por el territorio nacional, sin que la policía los moleste, ya sea por ignorancia, por miedo o por complicidad.

Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos le han perdido el miedo a la colaboración entre dos países para enfrentar un grave problema común: el narcotráfico. La sola posibilidad de que los asesinos sean atrapados justificaría la presencia temporal presencia de los agentes.

Ya lo decía ayer Manlio Fabio Beltrones: un asunto transnacional, debe ser atacado con el esfuerzo transnacional. “El tema debe ser abordado en una lógica de la seguridad regional. Implica compromisos que deben hacer en los Estados Unidos para controlar la venta indiscriminada de armas, que son vendidas en México, como también mucho de nuestro esfuerzo para no dejarla pasar”, dijo el senador del PRI.

Y remató con un axioma: “no es nada más tarea del gobierno norteamericano el darnos resultados, en no vender tantas armas, sino nosotros también poner una especial atención en las aduanas mexicanas, que están siendo una coladera de armas”

EL triple homicidio es no solo un desafío directo, sino un agravio al presidente Calderón, quien ya visitado tres veces la fronteriza ciudad en las últimas seis semanas. Su estrategia de combate al narcotráfico es cada vez mas cuestionada.

Las intenciones son inmejorables, pero los resultados dejan que desear. Desde que le declaró la guerra al crimen organizado, hace ya tres años, ha habido casi 18 mil muertos en todo el país. Sólo en Juárez los muertos han sumado más de 500 en lo que va del 2010. Se impone, pues, una revisión de la estrategia.


Fin

El pacto de los pinochos

El escandaloso del pacto anti-alianzas que suscribieron los presidentes del PRI y el PAN, con el titular de Gobernación y el secretario de gobierno del Estado de México como testigos de honor, ha quedado como constancia del poco respeto que los firmantes del documento tienen por los estatutos de su partido, por sus respectivas militancias y, sobre todo, por la ciudadanía.

No solo se trató de blindar la candidatura presidencial del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, quien aparece como el beneficiario visible del criticado pacto, sino que hay otra parte, la que interesaba al PAN y al gobierno federal , que no quedó plasmada en el documento exhibido, y de la que los priistas no se quieren ni acordar.

No hay que olvidar que en su acto de “mea culpa”, realizado en un par de entrevistas publicadas por la prensa escrita hace ya algunas semanas, Fernando Gómez Mont reconoció que el acuerdo se firmó contra el compromiso del PRI de respaldar la Ley de Ingresos y su carga de nuevos impuestos que hoy pagamos los mexicanos.

Peor aún. Gómez Mont suscribió como testigo de honor este acuerdo que contraviene el espíritu de imparcialidad que cualquier funcionario, sin importar su rango, debe observar en cuestiones electorales.

El resbalón no pasó desapercibido en la izquierda. Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD; Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT; y Manuel Camacho Solis, coordinador del DIA, ya comenzaron a ejercer presión para que el IFE y el TEPJF tomen cartas en el asunto.

“El secretario de Gobernación, el secretario de Gobierno y el gobernador del Estado de México han incurrido en una clara violación de la ley. Ese hecho colocará a los consejeros del IFE, y en su caso a los magistrados del Tribunal Electoral, en la necesidad de mostrar su autonomía o, desde ahora, poner en riesgo la confianza en las autoridades que organizarán y sancionarán las próximas elecciones presidenciales”, escribió Camacho Solís, en su semanal colaboración para El Universal.
* * *
Los primeros sondeos dan cuenta de que el firmante más perjudicado por el escándalo es Cesar Nava. El bisoño líder nacional del PAN tuvo, en las primeras 48 horas, entre 150 y 200 mil impactos negativos en tweeter, según expertos en la materia consultados por este reportero.

La encuesta de María de las Heras (Milenio 08-03-10) va en el mismo sentido: un 52 por ciento de los interrogados considera que Nava se vio “peor” que Beatriz Paredes en este asunto. Inicialmente, ambos negaron públicamente la existencia del pacto. Es decir, quedaron como unos mentirosos.

Por si fuera poco, el abortado acuerdo tenía como fecha de vencimiento el 31 de julio del 2011. Nava deja la presidencia del PAN en el 2010. Es decir, el jefe nacional del azul comprometió la política de alianzas de su partido más allá del período en el que termina su interinato.

Las mentiras han sido la constante en el desarrollo de todo este asunto. Gómez Mont y Nava han declarado que Felipe Calderón, jefe de ambos, no fue informado o “no sabia” del contenido de los acuerdos con el PRI. Los dos están firmes en sus cargos, a pesar de que, oficialmente, le vieron la cara al presidente de la República. Paredes y Peña Nieto niegan rotundamente que el pacto anticoaliciones, que abarcaba también el estado de Oaxaca, se haya firmado contra el incremento al IVA. ¿Y entonces a cambio de qué?

El cálculo de Felipe

Cualquiera diría que a César Nava le vale gorro lo que Felipe Calderón piense de las alianzas. El jefe nacional del PAN ha aparecido en sendas fotografías levantando el brazo de los ex priistas José Rosas Aispuro, en Durango, y Rafael Moreno Valle, en Puebla, y del obradorista Gabino Cué, en Oaxaca. En la misma grafica sale, alzando el otro brazo de los candidatos, el perredista Jesús Ortega.

Lo paradójico es que el Presidente de la República se declara preocupado por las alianzas con los diferentes. La semana pasada admitió, en una inusual conferencia de prensa, que estas desdibujan a los partidos, fomentan la confusión, y propician muchos mayores riesgos de confusión ideológica. Las justificó, sin embargo, con el argumento de que “son decisiones del partido”.

Nadie que conozca un poco a César Nava se atrevería a suponer que esa independencia de criterio hacia el presidente de la República es real. Este reportero lo ha escuchado decir, de viva voz, que él hace “lo que mi jefe me dice”. Y su jefe no es otro que el presidente de la República. Es poco menos que impensable no le haya pedido permiso a Felipe para coligarse con quienes lo han llamado “espurio”.

El caso de Fernando Gómez Mont es similar. El secretario de Gobernación declaró, en sendas entrevistas, que no le avisó al inquilino de Los Pinos de los abortados e indignantes enjuagues que hizo el PRI, en noviembre del 2009: el apoyo de sus legisladores a la subida de impuestos, incluida en la Ley de Ingresos para el 2010, a cambio del compromiso de no hacer alianzas en contra del tricolor.

En otra parte del mundo, el primer mandatario hubiese puesto de patitas en la calle a cualquiera de sus ministros que le hubiesen ocultado un asunto de esa dimensión. Calderón, por el contrario, salió a defender al titular en Bucareli. “Es el Secretario de Gobernación; tiene mi confianza para desempeñar ese cargo. No me queda ninguna duda de su honestidad personal y política; y de la lealtad a sus propias convicciones y a este gobierno también”, dijo en la misma rueda de prensa.

El aparecer rebasado por su secretario de gobernación, o por el jefe nacional del partido que lo llevó a Palacio Nacional, en nada favorece la imagen del presidente Calderón. Es difícil de creer, conociéndolo como es, que se haya dejado engañar, por omisión, o que haya dejado pasar la alianza con los “legítimos”, por un asunto de sana distancia con su partido.

Lo que parece, en los temas de las coaliciones y de su claro distanciamiento con el PRI, es que se impuso el cálculo electoral, a costa de la alianza que mantuvo con el tricolor en la primera parte de su sexenio. En los criterios del gobierno federal, y de su partido, es imperativo arrebatar enclaves al tricolor, para evitar que vuelva a meter a Benito Juárez en Los Pinos.

El Calvario de Gomez Mont.

Fernando Gómez Mont nunca imaginó que el abortado pacto anti coaliciones que hizo con el PRI, a cambio de que sus diputados aprobaran el incremento de uno por ciento en el IVA, lo llevaría a renunciar al partido en el que militó toda su vida.

Mucho menos que su sus capacidades para desempeñar addecuadamente la importante tarea de Secretario de Gobernación quedarían en entredicho, por los efectos de un acuerdo mal operado en el que, hay que decirlo, asumió decisiones que le corresponden exclusivamente al PAN.
El prominente abogado, miembro destacado de una familia panista de abolego, ha vivido, por ese motivo, el peor momento de su ya larga carrera política.


Sus ahora ex correligionarios no solo le asestaron un fuerte revés cuando hizo su alegato en contra de la alianza en Oaxaca con quienes no reconocen la legitimidad del presidente Calderón --perdió la votación 40 a cero--, sino que algunos de ellos lo han llamado “traidor’, por pactar en lo oscurito con el tricolor.

Hombre cercano a Diego Fernández de Cevallos, el secretario de Gobernación hizo el coraje de su vida por no poder sostener la palabra que empeñó con el tricolor. Ya encarrerado, y enfadado, les dijo a los miembros del CEN azul que eran unos “sonsos” por romper lanzas con el único partido que puede asegurarle acuerdos de fondo en el Congreso al gobierno federal.

Todavía hoy, dos semanas despues de su renuncia a Acción Nacional, mantiene sus criticas a la coalición entre partidos antagónicos partidos.

“Sería conveniente reglamentar las alianzas para determinar cuáles cumplen los requisitos democráticos de congruencia, consistencia y trascendencia, para garantizar la claridad de las ofertas políticas”:, escribió el funcionario, al participar en un chat sobre la Reforma Política de Felipe Calderón.
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Gómez Mont está conciente de que todo este asunto afecta el desempeño eficaz de su tarea. La relación con el PAN está muy lastimada, la palabra comprometida con el PRI fue ignorada por su jefe, la izquierda le perdió totalmente la confianza.

El presidente Calderón, sin embargo, le dio un fuerte espaldarazo, a pesar, o quizás por eso, que el funcionario ha repetido que “primero pactó y luego avisó” a su jefe de los compromisos adquiridos. “Es interocutor válido y goza de toda mi confianza”, declaró el primer mandatario, en medio de la tormenta política.

El secretario ha repetido hasta el cansancio que procedio en el ámbito de sus atriibuciones y que objetivo de su estrategia era asegurar la gobernabilidad, mediante la alianza con la primera fuerza política del país, y no con quienes siguen llamando espurio a Felipe Calderón.
El acuerdo con el PRI se concretó en noviembre del 2009 y el Presidente se enteró “hasta enero” del 2010, admitió el funcionario en sendas entrevistas publicadas la senana pasada. Es decir, 40 o 50 días después.
Resulta difícil de entender –y de creer-- que en un asunto de ese tamaño, el secretario actuara sin consultar al Presidente los compromisos asumidos con el PRI, a cambio de su respaldo en el Congreso a los nuevos impuestos.

En las semanas que siguen veremos si, como dice Felipe Calderon, el secretario es un interlocutor valido. De lo que estamos seguros es que para cumplir satisfactoriamente con su labor tendrá que el doble

“No voy a darle la mano, no es bienvenido…”

Ciudad Juárez es emblema de inseguridad y violencia. Es también reflejo del fracaso de una estrategia basada en el combate frontal y callejero al crimen organizado, pero que no ha tocado los ríos de dinero que manejan los cárteles de la droga. Esta impresionante riqueza permite a los narcos comprar armas, complicidad, impunidad.
A Juárez llegaron hace meses batallones enteros de militares, miles de federales. Con fanfarrias se anunció el Operativo Conjunto Chihuahua hace dos años. De poco ha servido. Los “ajusticiados” de esta guerra contra el narco sumaron, el año pasado, 2 mil 600, y al paso que vamos, ese año se romperá el record. Los crímenes en la fronteriza localidad son cada vez más dantescos, el saldo rojo más pesado, el terror de la población mayor.
La masacre de 16 adolescentes que asistían a una fiesta privada, hace dos semanas, fue la gota que derramó el vaso. Juárez estuvo toda la semana en el ojo del huracán. El gobernador José Reyes Baeza intentó el traslado de los poderes estatales a esa ciudad “en solidaridad con los juarenses”. El Congreso lo impidió.
El presidente Calderón visito la localidad. El recibimiento no fue muy bueno. “No voy a darle la mano, no es bienvenido”, le dijo Luz María Dávila, una adolorida madre que perdió a dos de sus hijos, estudiantes ambos, en la matanza de adolescentes.
Fernando Gómez Mont, titular de la Segob, la pasó también muy mal. Impotente gritaba “¡Tengo las manos limpias…! Cuando un grupo de indignados estudiantes le gritaban “¡asesino¡” Hasta un zape le alcanzaron a dar.

Las reacciones al anuncio del traslado de poderes ilustra la pobreza de nuestra clase política. En lugar de analizar los alcances de la propuesta, los partidos se lanzaron en una agresiva guerra de descalificaciones, con el único propósito de sacar raja política de la indignación ciudadana.
El panista César Nava, amparado en el hecho de que el gobernador no consultó su grave decisión con los legisladores locales, fue pródigo en descalificativos. Es una decisión electorera, unilateral, inconstitucional e ilegal, dijo. Ni el beneficio de la duda otorgó. ¿Y como iba a hacerlo si estamos en pleno año electoral?
En el PRI, por supuesto, se fueron al otro extremo. Casi canonizaron al mandatario por el “valor civil”, mostrado con su inesperada iniciativa. Reyes Baeza no quiso quedarse atrás y se le fue encima al presidente Calderón, por no haber acudido a Ciudad Juárez en los días siguientes a la matanza.
Seria iluso pensar que el solo hecho del traslado de poderes se hubiese traducido en una disminución de la violencia, pero se puede inferir que, al convertirse en el emblema de la lucha contra el crimen, los distintos niveles de gobierno van a aplicarse para intentar devolver la paz a esa sufrida localidad. El presidente Calderón ya anunció su “nueva” estrategia de cuatro puntos para combatir el crimen en todos sus niveles y devolver la anhelada tranquilidad a los ciudadanos.
El primer punto busca recomponer el orden institucional. El segundo tiene que ver incluye el envío de 2.600 policías federales más, dos helicópteros, patrullas y vehículos blindados, además de coordinación entre los distintos cuerpos armados.
La novedad está en el tercer punto. Se dará un impulso a la educación, a la salud y habrá más recursos para programas sociales. El cuarto punto tiene como eje la participación ciudadana. Se van a crear comités de denuncias, con candados que protejan a familias que tienen miedo de denunciar.

Vivirá para contarla…

Lo sucedido la madrugada del lunes 25 de enero en el Bar Bar de la Ciudad de México va mucho más allá del mero hecho derivado de la prepotecia y descontrolada agresividad del ya famoso prófugo “JJ”, a quien le bastó una respuesta descortés, derivada de una boberia relacionada goles, para jalar del gatillo. La agresión al futbolista Salvador Cabañas, centro delantero de la Selección de Paraguay, volvió a exhibirnos como un país violento, donde impera la Ley del Revolver.

Otra vez fuimos noticia de la página roja. El País, The Guardian, Liberation, El Clarín, El Espectador, El Mercurio. En la prensa paraguaya hubo incluso manifesaciones hostiles hacia los mexicanos. Un recorrido por Internet bastaba para darnos cuenta de la triste imagen que proyectamos en muchos países del orbe: El país más violento que no está en guerra. La etiqueta, obvio, desfavorece la llegada de inversiones y ahuyenta el turismo.

En lo interno, el suceso volvió a descobijar las graves deficiencias que imperan en el funcionamiento de los establecimientos mercantiles. Ya se ha repetido hasta la saciedad que el bar estaba fuera de horario, que se permitió el ingreso de individuos armados, que no se conservó la seguridad de los asistentes, que se faciulitola huida del JJ y su guarura, El Contador.

Poco se habló, sin embargo, de una seria omision del GDF: Al momento de la agresión, no se había publicado el reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, que entró en vigor el 26 de enero del 2009. Marcelo Ebrard estaba obligado a hacerlo 60 dias después de su aparicion en la Gaceta Oficial. Un retraso de 10 meses. ¿La consecuencia? Los dueños del Bar Bar, Ramón y Simon Charaf , podrian ampararse con éxito en contra de la clausura del lugar.


Fuimos testigos del cinismo con el que actuaron los presuntos agresores después de dispararle un tiro en la cabeza al futbolista paraguayo. En el video mostrado por la Procuraduría del DF se observa cómo los agresores de Cabañas salen como Pedro por su casa y abordan un vehículo sin placas, seguido de un carro-escolta. Y no sólo eso, vimos cómo los empleados del lugar les facilitan la huída después de firmar una cortesía por la módica cantidad de casi 17 mil pesos.

El par de individuos qye vios en el video están ya plenamente identificados. José Jorge Balderas, el JJ, y Eduardo Garcia, El Contador, se han convertido en el trofeo de caza de todas las corporaciones policiacas. No se entendería que no los capturaran a la brevedad. El mismisimo presidente Calderon se comprometio con su homologo de Paraguay a resolver el caso.

Las autoridades deben transformar el caso en una oportunidad para, de una buena vez, meter orden en el funcionamiento de estos establecimientos, por mucho que a los antreros no nos guste que nos corran en pleno reventón.

Cabañas vivirá para contarla. Luego de 5 días sedado, el paraguayo recuperó conciencia este domingo. Habló y hasta movió una pierna. “Estoy bien” , dijo en guarani. Hoy, a raiz de estremecedor suceso, las autoridades vigilan, aprietan, clausuran antros, hacen respeetar la Ley. ¿Por cuánto tiempo?

Alianzas de pacotilla.

Las coaliciones electorales se volvieron a poner de moda en ese emblemático año del centenario y el bicentenario. La posibilidad que los conservadores panistas vayan a comicios locales, en coalición con partidos que tienen programas y plataformas radicalmente opuestos, y que no reconocen oficialmente el gobierno del presidente Calderon, da una idea del oportunismo al que pueden llegar las agrupaciones políticas, en su afán de conquistar posiciones de poder.

De los 15 procesos electorales que en ese 2010 se llevarán a cabo en distintos estados, por lo menos en cuatro, Durango, Hidalgo, Oaxaca, y Puebla, se negocian estas “alianzas vergonzantes” –así las llamó Beatriz Paredes—que hace un años eran impensables por la prolongada polarización derivada de los comicios presidenciales.

Las cuatro entidades han sido gobernadas desde hace décadas por el PRI. En las cuatro, los mandatarios salientes aparecen como los grandes electores. No sólo decidirán las candidaturas del tricolor, vía el conocido dedazo, sino que ¡brujo! movilizarán recursos y estructura para favorecer a su delfín. Sus adversarios lo saben y por eso justifican la búsqueda de alianzas con distintos, muy distintos, para sacar al PRI de los Palacios de Gobierno.

“No somos ponzoñosos. Somos veneno puro contra los cacicazgos, somos veneno puro contra las arbitrariedades. Estas alianzas van a ser veneno puro contra gobernadores que han convertido sus estados en negocios particulares”, justificó Chucho Ortega, presidente del PRD, en una pragmática declaración donde los principios, valores, plataformas y postura de los partidos parece ser lo que menos importa. Un paso del odio al coqueteo en aras de mas poder.

De las cuatro entidades donde se negocian coaliciones destaca el caso Oaxaca. Los aliancistas promueven la candidatura de Gabino Cué, un político carismático, con trayectoria, y un buen posicionamiento en las encuestas. El abanderado ideal para dar la pelea al priismo del gobernador Ulises Ruiz. Pero el hombre enfrenta un dilema que se ha erigido como el principal obstáculo para que el PAN se suba a esta alianza. Está muy cerca de Andrés Manuel López Obrador.

Los panistas le exigen una clara definición de lo que serian sus relaciones con el gobierno federal. Y mas: César Nava, jefe nacional de los azules, ya advirtió que su partido no está dispuesto a llevar como compañero de viaje a quien no reconozca el compromiso de trabajar expresamente con el presidente Calderón.

Gabino ya reconoció este compromiso, sin negar su cercanía con el tabasqueño. Nos dijo que si la coalición lo postula y resulta victorioso, mantendría una relación institucional y de colaboración con el presidente de la República. “Solo así podemos sacar adelante los retos que tiene Oaxaca”, puntualizó.

La coalición en Oaxaca aún se ve muy lejana. Lograr una mayor presencia en esa entidad no parece ser motivo suficiente para que Acción Nacional empuje la candidatura de un obradorista declarado. Mucho menos para poner en riesgo las posibles reformas estructurales que pudieran pactarse en el Congreso con el PRI en este 2010. Lo que no se apruebe antes del mes abril próximo, fecha en que finaliza el primer periodo de sesiones, muy probablemente quedara por las calenturas de la elección presidencial.

El año del descontento.

Mal empezamos en año del centenario y el bicentenario en lo económico, lo político, lo social. La llegada del 2010 nos trajo nuevos impuestos. Subieron el IVA, el ISR, el IEPS al tabaco, al alcohol, al juego; lo mismo sucedió con el Impuesto a la telefonía, a la televisión de paga, a los depósitos en efectivo. Agréguele los incrementos a los combustibles, la espiral inflacionaria que ya se siente, y entenderá las razones del descontento se apodera de una sociedad disminuida por la crisis.

En lo político tampoco hay claridad. Las relaciones entre el gobierno federal y el PRI, la primera fuerza política del país, están en un punto muy bajo. Los desacuerdos alrededor del incremento a las gasolinas en diciembre, a pesar del compromiso del gobierno federal de no mover los precios durante todo el 2009, ha multiplicado las descalificaciones.

Los desacuerdos se perfilan como un riesgo para las necesarias reformas estructurales, llámense hacendaria, política, o laboral que requiere el pais. No hace mucho, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente nacional del PRD, pronosticaba que lo que no se concrete antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones, en abril próximo, difícilmente transitarán en el Congreso en el año previo a la elección presidencial.

En lo social, la cosa no se ve mejor. Los miles de trabajadores del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, que no aceptaron la liquidación, empiezan a dar señales de desesperación, ante la ausencia total de perspectivas. Ya han protagonizado choques con la disidencia y desmanes en la calle. Una pequeña luz se abrió el pasado viernes al reanudarse las negociaciones del gobierno con el SME. El aguerrido y anatemizado Martín Esparza, líder de los electricistas inconformes, hablo de “importantes avances” en la reunión que sostuvo con Fernando Gomez Mont, titular de la Segob. Urgió a los integrantes de su movimiento no caer en provocaciones porque, vaticinó, “el gobierno va a tratar de reprimirnos”

Aún así, el presidente Calderón nos regaló de Reyes un optimista mensaje, que ha reiterado después. Este será “el año de la recuperación”, augura. De eso no hay duda. El 2010 será mejor que el 2009, un año en el que la economía se desplomó alrededor del 7 por ciento por la llamada “la crisis que vino de fuera”, pero que aquí nos pegó mas fuerte que en otros países: el desempleo se multiplicó, la pobreza se extendió, la producción de petróleo bajó. Para colmo, fuimos los pioneros en el desconocido virus H1N1. Si, difícilmente podremos estar peor en el año que comienza.